por Ocho municipios y organismos autónomos no han comprobado el uso de recursos federales; podrían enfrentar sanciones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles irregularidades en el manejo de más de 80 millones de pesos de recursos federales en diversos municipios y organismos autónomos de Tamaulipas, según el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2023 entregado al Congreso de la Unión.
Ocho alcaldes no han acreditado el destino del dinero transferido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o presentaron documentación insuficiente. De confirmarse las anomalías, podrían derivar en sanciones e investigaciones. No obstante, la ASF concedió un plazo hasta abril de 2025 para que los responsables presenten la documentación necesaria y justifiquen el uso de los recursos.
El 83.5% de los señalamientos se concentran en los municipios de Victoria, Matamoros, El Mante, Aldama, San Fernando, Jaumave, Tula y Ocampo, mientras que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) representa el 6.41% restante.
Ciudad Victoria encabeza la lista con observaciones por 49.6 millones de pesos en siete contratos relacionados con obra pública, servicios de contabilidad, arrendamiento de camiones y compra de insumos médicos. En Matamoros, bajo la administración del ahora diputado federal Mario López Hernández, se detectaron anomalías por 7.5 millones de pesos debido a la falta de documentación sobre la construcción de oficinas y el arrendamiento de copiadoras.
En El Mante, se cuestiona el gasto de 6.5 millones de pesos por la compra de asfalto, luminarias y materiales para construcción sin registros contables que lo justifiquen. San Fernando enfrenta observaciones por 3.4 millones de pesos, que incluyen pagos por mantenimiento de vehículos, la contratación de un grupo musical para las festividades del 15 de septiembre y la organización del segundo informe de gobierno de la exalcaldesa Maybella Ramírez Saldívar.
Los municipios de Aldama, Jaumave, Tula y Ocampo deben justificar casi 10 millones de pesos en contratos, adquisiciones y pagos a funcionarios sin evidencia de sus actividades o justificación de su ausencia en verificaciones físicas.
