por Viola Alberto Alanís la Ley por promover su imagen en Valle Hermoso
En un giro que ha suscitado críticas y debates en la arena política, Alberto Alanís Villarreal, presidente municipal de Valle Hermoso, ha sido señalado de incurrir en una presunta violación de la ley electoral al promover su imagen de manera personalizada en el marco de su segundo informe de gobierno.
El Cabecista y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), está bajo escrutinio debido a su presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Mexicana, que establece claramente las normas para la propaganda institucional de los poderes públicos y entidades gubernamentales. Según el mencionado artículo, la propaganda oficial debe tener un carácter institucional y fines informativos, educativos u orientación social, sin incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que promuevan personalmente a un servidor público.
La controversia se ha centrado en una fotografía captada el 27 de agosto de 2023, la cual muestra un espectacular ubicado en la zona céntrica de Valle Hermoso. En la imagen, el alcalde aparece abrazando a una mujer, lo que ha generado cuestionamientos sobre la intencionalidad detrás de la imagen y si esta puede considerarse como promoción personalizada en el contexto del artículo 134.
La acción ha llevado a la comunidad y expertos legales a plantear preguntas sobre la línea que separa la promoción institucional y la personal en el ámbito de la política y el gobierno. La percepción pública y la ética política son consideradas elementos cruciales en un sistema democrático, y el uso de la imagen de un servidor público en medios de comunicación oficial puede tener implicaciones significativas.
La comunidad se encuentra a la espera de una respuesta oficial por parte del alcalde o su equipo sobre la situación. Se espera que se aclare el contexto y la intención detrás de la imagen en el espectacular, y si esta cumple con los criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución.
Esta situación pone en relieve la importancia de la transparencia y el apego a las normativas legales en el ejercicio del poder público, así como la necesidad de un análisis crítico y una discusión informada sobre el equilibrio entre la promoción institucional y la responsabilidad personal de los funcionarios públicos.
